LA
REVOLUCIÓN DEL CATALÁN COMÚN: In extrema necessitate omnia sunt communia
Y es que pese al silencio de
Instituciones como el del Consejo General de la Abogacía Española – CGAE- @Abogacia_es con
respecto al devenir jurídico o de la posible ilegalidad de la Declaración Unilateral de Independencia catalana -DUI. Nada
debe objetar, nada debe opinar en un asunto de la máxima y meditada
trascendencia en la configuración territorial del Estado español.
Y es que nadie, incluso Artur Mas -parece ser- que desea dicha
unilateralidad, @ArturMasCat sino que el órdago,
se lo han puesto encima de la Mesa, al Gobierno de turno español, en manos del
perfil político más pusilánime de los últimos años de la democracia española. (Si
se me permite la licencia, y dicho con el máximo respeto y en términos de
estricta y sana crítica)
Por otro lado, Oriol Rusca, Decano del Colegio de Abogados de Barcelona,
así como otros Decanos, catalanes o no, no pueden, no deben entrar en la
disputa política que enfrentaría a todo el CGAE. ¡Dejémonos de persecuciones y
etiquetas de otros tiempos dictatoriales!
@CarlosCarnicer @oriolrusca... ellos no son
los protagonistas, y una intervención Institucional y de Instituciones, sí “conlleva
tomar partido sobre el tema de fondo” al contrario de la opinión de mi
distinguido amigo y colega @beltrangambier
y su inusitada
necesidad e insistencia de que todo el mundo jurídico, o parte de él, se
pronuncie. Así lo afirma en varios de sus artículos, entre otros CGAE: un silencio lamentable, un error (en relación a
la eventual DUI en Cataluña)
El Consejo General
de la Abogacía Española tiene como Misión
ser el Órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los 83
Colegios de Abogados de España y entre sus misiones fundamentales está la
ordenación del ejercicio profesional de los abogados, velar por el prestigio de
la profesión, exigir a los Colegios de Abogados y a sus miembros el
cumplimiento de los deberes profesionales y deontológicos y trabajar para
alcanzar una Justicia más ágil, moderna y eficaz.
Y dicho CGAE,
tiene en su escala axiológica, entre
otros, la Independencia y la
Confianza/Tranquilidad. Esa
independencia, entendida aquí, en el sentido de no injerencia en cuestiones
políticas o de Estado y aquella confianza y tranquilidad que debe transmitir.
La Función Social de una
abogacía libre, independiente y entendida como pieza y esencia de la defensa
de los derechos y el acceso a la justicia de todos los individuos, sin
distinción de ninguna clase -tal y como la define la propia Fundación de la Abogacía
Española- creada por el Consejo General de la Abogacía Española en el año 2003-
iría en contra de la misma con opiniones o declaraciones de una apología meditada de parte. Por tanto, aquí,
se trata de fortalecer el Estado de Derecho y no debilitarlo o "etiquetarlo"
En definitiva, ni la @AbogaciayDDHH
como el @Abogacia_es
deben dar opiniones que puedan poner en jaque la balanza institucional entre el
órgano de los Colegios de Abogados, ni enfrentar a unos contra otros ni por
tanto,, confrontar a los abogado@s
El 27 S 2015, la polarización política de los catalanes hablarán con su
voto, secreto. Sin miedo a ser tachados
de nada más que de fieles defensores de sus ideas con las máximas garantías
democrática.
Así que Cada pueblo un destino…. Alea jacta est
…
No te rindas, aun estas a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo.
No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje,
perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo,
correr los escombros y destapar el cielo.
…
Mario
Benedetti -no te rindas
La aprobación de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y de otras formas de participación ciudadana (en adelante, la “Ley 10/2014”) y del Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña (en adelante, el “Decreto 129/2014”) dio lugar a la interposición pocos días después de dos recursos de inconstitucionalidad por parte del Estado español.
Negociada desde el año 2011, la Unión Europea ha concluido un acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), caracterizada por contar con la mayor partida de presupuesto de la UE y por destinar hasta un 30% de los pagos directos a prácticas ecológicas. Esta reforma entrará en vigor en el año 2014 hasta el año 2020, salvo los pagos directos, que se aplicarán en el 2015.
El pasado mes de marzo, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo a fin de sostener el sistema de pensiones español, manifestando en su preámbulo que es necesario incrementar la edad de jubilación, racionalizar el acceso a la jubilación anticipada y favorecer la prolongación de la vida laboral.
La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que entró en vigor el 8 de julio de 2012, modificó el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores relativo a la vigencia de los convenios colectivos. Hasta dicha aprobación, el artículo 86 ET establecía que una vez que vencía un convenio colectivo se podían mantener las condiciones del mismo hasta que hubiera un nuevo acuerdo. Este período de “transición” entre el antiguo convenio colectivo y el nuevo, se denominaba “ultraactividad”.
El día 14 de marzo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia que dio lugar en España a la aprobación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
Históricamente, los movimientos sociales surgieron como consecuencia de diferentes crisis sociales y políticas y con diferentes ideologías. Como ejemplo, podemos observar el movimiento feminista (siglo XVIII) o el movimiento obrero (en Gran Bretaña en el siglo XVIII). Con la crisis económica actual, que ya dura varios años, era más que evidente
La reciente dimisión del Presidente del Tribunal Supremo, Carlos Divar, a raíz de una denuncia de un vocal de ese Tribunal por malversación de caudales públicos, por haber cargado al presupuesto de ese tribunal, como gastos protocolarios (aquellos destinados a agasajar a personalidades de organizaciones o representantes de otros poderes del Estado), gastos personales, tales como estancias en hoteles o cenas en restaurantes lujosos, ha vuelto a poner en el disparadero mediático a las altas instancias judiciales;
Una de los últimas reformas que ha llevado a cabo el actual Gobierno ha sido la reforma de RTVE, es decir, de la televisión pública española, a través del Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio. Finalmente, ha sido aprobada con los votos del PP y CIU.
Los Presupuestos Generales de 2012 son considerados los más restrictivos de todos los presupuestos anteriores. Pese a ello, el Gobierno no duda en afirmar que las medidas que se han adoptado son necesarias, aunque sean duras, así como que dichos presupuestos se basan en principios de realismo, rigor y austeridad, con el objetivo de incentivar el crecimiento de la economía española y la creación de empleo. 
La Ley de Transparencia tendrá como principal objetivo el de garantizar a los ciudadanos un acceso a la información pública, tal y como se establece en el artículo 1 del Anteproyecto de la misma: “(…)ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.” Es decir, establece una serie de principios éticos y unas obligaciones a cumplir por el Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y las entidades del sector público estatal, permitiendo, por tanto, a los ciudadanos españoles estar informados del destino de los impuestos así como consultar los contratos o los sueldos de los cargos públicos.